Ecuador rechaza oferta de América Móvil

La noche de ayer, ocurrió algo que realmente no lo ví venir: el Consejo Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) rechazó definitivamente la oferta de América Móvil para la renovación la concesión de telefonía móvil hasta el 2023, por considerar que su propuesta “no es conveniente para los intereses del estado”. Tanto América Móvil, como el Gobierno del Ecuador, habían expresado públicamente su deseo de llegar a un acuerdo.

América Móvil opera en Ecuador bajo el nombre comercial de Porta, y -según los datos proporcionados por la misma empresa-tendrían unos 7 millones de abonados, casi un 70% del mercado de telefonía móvil del país.

La concesión finaliza el 28 de agosto, a partir de esa fecha los bienes de Porta pasarán a ser propiedad del Estado y se realizará una licitación para que un nuevo operador continúe operando la red. Según declaraciones del presidente Rafael Correa, no se permitirá que América Móvil participe en el nuevo proceso de licitación.

El Gobierno del Ecuador buscaba que América Móvil pague 480 millones de dólares por la concesión de 15 años. La oferta de la telefónica mexicana sólo fue de 300 millones de dólares.

A partir del 5 de mayo, la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUPTEL) iniciará la auditoría técnica, operativa y administrativa-financiera a Porta, para determinar la configuración y operación de la red y sus servicios.

Aunque Jaime Guerrero, titular de la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones (SENATEL) declaró que “no hay vuelta atrás” en la decisión del CONATEL, hoy por la mañana en el programa “Contacto Directo” de Ecuavisa, Juan Carlos Solines, ex-presidente del CONATEL, aseguró que las negociaciones podrían continuar hasta que finalice la concesión.

Mientras tanto, los usuarios del Porta se preguntan que ocurrirá con sus líneas y números telefónicos y si se mantendrá la calidad del servicio mientras esté a cargo del Estado.

Actualización 30-Abr-2008: Daniel Bernal, presidente ejecutivo de Porta, declaró que las negociaciones aún no finalizan, que no han sido notificados de manera oficial de la decisión que la próxima semana serán recibidos por Conatel

Más información en:
Ecuador no acepta propuesta renovación de mayor operadora de telefonía móvil
Ecuador no renueva contrato de concesión de Porta
América Móvil pierde concesión en Ecuador

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7 Comments

  1. Otra equivocación del gobierno.

    En muchos países no existe cobro por concesiones radioeléctricas o el valor de estas concesiones es bajísimo con el objetivo de atraer inversiones, crear empleos y brindar una sana competencia en calidad, precios y servicios al usuario.

    En cambio en Ecuador los costos de concesiones son demasiado altos (álgunos estudios señalaban que no deberían costar más de $ 60 mil) y estan motivados con el fin de sacar plata a cualquier inversionista incauto que se atreva a invertir en un país donde la Constitución, la ley y los contratos se violentan, y donde el Estado extorsiona a todo sector productivo para sacar más tajada de lo que no le pertenece. ¿Y a donde para la plata? a pagar la burocracia, a los sindicatos rateros y a subsidios ruinosos que crean privilegios y limosneros con pistola.

  2. Considero que si Porta hubiera reportado la cantidad real de usuarios, las cosas habrían sido distintas: la concesión le habría costado 50 o 100 millones más de lo que pagó Telefónica y que estarían dentro de los 300 millones de dólares que ofertó.

    Las concesiones no cuestan 60 millones de dólares. Antes del 2003, Telefónica pagó 118 millones de dólares por una concesión en Austria y TIM Perú canceló 180 millones de dólares para operar en el vecino país del sur.

    Lo que pagó Telefónica me parece aceptable, el valor que se lo impuso a Porta, exagerado.

  3. Hola Eduardo:

    Lo más apropiado es que las concesiones radioeléctricas no tengan costo y su uso obedezca al principio de apropiación original, que quiere decir que la persona o empresa que primero trabaje el recurso es quien se erige propietario de este, en este caso el recurso es la banda del espectro radioeléctrico.

    De esta forma, cualquier empresa puede obtener una banda y operar en el país contribuyendo con impuestos y compitiendo con otras decenas de servicios. El beneficiario de esta sana competencia es el ciudadano, que tendrá libre elección, precios más convenientes y diversidad de nuevos servicios.

    Nada de estos se ha pensado desde el gobierno y la burocracia, lugares en donde prima el principio de “sácale plata a este” y se aplica la lógica más absurda y corrupta de sacarle gran tajada a las concesiones para que luego las empresas recuperen esos recursos en tarifas costosas. Otra política absurda es impedir el ingreso de otros operadores, lo que condena a los usuarios a elegir de un duopolio u oligopolio forzado por ley. En fin, el Estado se enriquece a costa de las empresas y de los usuarios, manteniendo un oligopolio con tarifas caras y malos servicios.

  4. La cifra de 60 millones la dio una consultora peruana al gobierno anterior. apenas ganó correa, las operadoras insistieron para que se firmen las renovaciones ESE RATO y a ese precio, el gobierno anterior no accedió a firmar los nuevos contratos.

    Con Correa se botó esa consultoría “al tacho de la basura de la historia” (donde están el TLC y algunos puntos de crecimiento del PIB) y preparó un modelo matemático propio, en el cual el propio Correa metió cuchara. El resultado fue esa cifra de 700 millones como cifra global del negocio móvil de STMC.

    Cómo se dividen los 700 entre las 2 operadoras dependió de varios factores: ARPU, AMPU, cobertura y, claro, número de usuarios. Desde hace años se viene cuestionando el número tan excesivo de “usuarios”, pero hasta ahora cada operadora calcula sus usuarios como se le ocurre. Tal vez, como dice Eduardo, el haber sobre-estimado sus números le resultó a Porta como dispararse en el pie.

    Finalmente, eso de las concesiones GRATUITAS de uso del espectro radioeléctrico es criterio que no se usa en ningún país civilizado. Chile sí fijó un precio a la renovación de las concesiones, pero indicó que ese precio no se pague al Estado, sino a los usuarios, a través del mecanismo de reservar para el Estado el establecimiento de techos tarifarios.

  5. @Danny: La cantidad de usuarios que utilizan el servicio celular es muy pequeño, no llegan a los 6 o 7 millones en total, a pesar de lo que reporten las operadoras. Con más de 3 o 4 operadoras en el mercado, el negocio no sería rentable para ninguna. Ese es el limitante para que ingresen más operadoras celulares al Ecuador.

    Iba a comentar también acerca de las concesiones gratuitas, pero ya lo hizo j_mayor.

  6. En realidad esto se convirtió en “Crónica de una muerte anunciada”
    Pues no pueden decir que no se advirtió.
    El cobro es mayor mientras mas dinero tienes (y usuarios).
    Eso de sus supuesto 7 millones de usuarios les salió como tiro por la culata, al tener los usuarios que según ellos tienen es lógico que pagar un valor más alto que el , o no???
    Pues ni modo, orale, ese pinche guey tubo que irse, pero al fin que esto debe ser los sueltos para el chilango Slim.
    Bueno, que siga robando en otros países auque América movil tiene problemas en Colombia, Uruguay, Brasil, Venezuela y algún centro americano que se me escapa. Es decir se puede complicar su situación.

    Será que tiene el efecto dominó, veremos.

  7. El negocio celular puede ser rentable con muchísimos operadores, tal es el caso de Internet que tiene más de 50 operadores en el país y solo es costoso porque el Estado les arrienda a los carriers infraestructura a costos exorbitantes. Finalmente quien debe decidir si es o no rentable un negocio son los consumidores con sus decisiones y no una burocracia que sólo saca tajada de cualquier incauto que viene a invertir en este país.

    El caso de las concesiones sin costo, de hecho, existen países que no tienen sino un registro de la banda y un costo simbólico, ¿para qué? para garantizar libre ingreso de empresas y mantener sana competencia, buenos precios y mejores servicios. De hecho, si hablamos de civilización, no es nada civilizado extorsionar a las empresas para obligarles a pagar costos de concesión que luego los asumiremos todos en tarifas caras (unas de las más altas de la región), pocas inversiones y menos posibilidades de empleos en esas empresas.

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